El líder socialista Pedro Sánchez fue reelegido presidente del Gobierno español al frente de una coalición con partidos de izquierda e independentistas, en un país profundamente dividido por su compromiso de conceder una ley de amnistía a independentistas catalanes a cambio de su apoyo en esta investidura.

Sánchez obtuvo 179 votos a favor en el Congreso de los Diputados, tres más que la mayoría absoluta, y 171 en contra, anunció la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, luego de un intenso debate de investidura, donde arreciaron las críticas y advertencias.

“Declaro otorgada la confianza del Congreso a don Pedro Sánchez”, anunció Armengol tras la votación, en el segundo y último día de la sesión especial de investidura.

En el poder desde 2018, Sánchez, de 51 años, tenía garantizados los votos de esos 179 diputados gracias a alianzas que durante semanas tejió con otras agrupaciones con representación en el Parlamento.

De esta forma, el actual presidente en funciones volverá a ocupar el cargo con todas las atribuciones, que quedaron en suspenso cuando a horas de perder las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo tomó la decisión de disolver la Legislatura y convocar a elecciones anticipadas para el 23 de julio.

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El Partido Socialista español (Psoe) quedó segundo en esos comicios de julio, por detrás del opositor y derechista Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, quien recibió encargo de formar gobierno antes que Sánchez, pero no fue capaz de reunir una mayoría en el Congreso de los Diputados. Su alianza con el partido de ultraderecha Vox no le alcanzó para llegar a la investidura y fue refractaria para cerrar acuerdos con otras fuerzas.

En las últimas semanas, Sánchez negoció hasta sellar acuerdos con varios grupos regionalistas de Cataluña, Galicia y el País Vasco, cuyo apoyo le resultaba crucial a falta de una mayoría clara en el Parlamento.

Pero el más trascendental fue el que logró con los catalanes de Esquerra Republicana (ERC) y, sobre todo, con Junts per Catalunya (Junts), para el que el Psoe tuvo que negociar abiertamente con el expresidente catalán Carles Puigdemont, que vive en Bélgica desde hace seis años para eludir su procesamiento por liderar un intento fallido de secesión de Cataluña en 2017.

Puigdemont aceptó, tras intensas negociaciones, apoyar la reelección de Sánchez, y a cambio obtuvo de los socialistas el compromiso de la próxima aprobación de una ley de amnistía para cientos de independentistas procesados, lo que debería permitirle regresar a España.

Al exponer este miércoles ante los diputados las prioridades de su nuevo gobierno, Sánchez defendió la necesidad y constitucionalidad de este acuerdo con el partido Junts, pese a que se había opuesto a la amnistía en el pasado.

Esto es necesario para “cerrar las heridas” abiertas por la crisis de 2017, afirmó, asegurando que quiere garantizar “la unidad de España por la vía del diálogo y del perdón”.