El Gobierno de Javier Milei postergó por un mes la actualización del impuesto a los combustibles para evitar que la nafta sufra aumentos más fuertes en mayo. Sin embargo, las empresas actualizaron los valores en un 4%, debido a la devaluación mensual del peso frente al dólar del 2% y el aumento del barril del petróleo.

Desde Casa Rosada, el objetivo es claro: que el índice de inflación continúe en descenso. “El Poder Ejecutivo Nacional publicará un Decreto en el Boletín Oficial, a través del cual se diferirá la fecha en la que tendrá efecto la actualización correspondiente al Impuesto a los Combustibles. La medida implica que no habrá incremento alguno por dicho concepto en el mes de mayo”, indicaba el reciente comunicado del Ministerio de Economía.

Y agregaba: “A partir de la norma que se publicará en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional definió diferir la actualización correspondiente al cuarto trimestre de 2023 de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, al 1° de junio de 2024. De esta manera, la medida garantiza previsibilidad al sector y establece que no habrá incremento alguno, por dichos conceptos, en el mes de mayo”.

En función del plan que estaba previsto, el Gobierno iba a aplicar este miércoles 1° de mayo el último tramo del aumento parcial de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil. De todos modos, los precios podrían actualizarse este miércoles, pero menos de lo que estaba previsto, que era una suba de alrededor del 7,3%.

El último aumento sobre los combustibles se aplicó a principios de abril y llevó el precio del litro de la nafta súper de YPF a $837 el litro en la Ciudad de Buenos Aires.

Además de contener las subas en los combustibles, el Ministerio de Economía decidió postergar los aumentos de tarifas de gas y electricidad que tendrían que haberse aplicada a partir de mayo.

A partir de este miércoles debía empezar a regir la fórmula de actualización mensual de las tarifas de gas y electricidad que el Gobierno diseñó para que los aumentos otorgados no queden atrasados respecto de la inflación.

Sin embargo, los entes reguladores de ambos servicios, Enargas y ENRE, respectivamente, no publicaron los nuevos cuadros tarifarios a la espera de una definición de Economía.

Los entes reguladores ya tienen calculado cuánto sería la suba que le correspondería a las empresas: 10,69% para las distribuidoras eléctricas, 12,5% para las distribuidoras de gas y 12% para las transportistas de gas.

Economía debía definir si avanzaba con una quita de subsidios para los sectores de ingresos bajos (N2) y medios (N3) en gas y electricidad; si aumentaba el costo que pagan los comercios, industrias y hogares de ingresos altos, y si autorizaba el ajuste mensual de tarifas para las empresas.

Al final, nada de esos sucederá y todo continuará como estaba o peor, ya que la inflación y la devaluación mensual se mantiene al ritmo del 7% y 2% mensual y cada vez más los usuarios residenciales de ingresos bajos y medios demandan más subsidios.