Este lunes comenzó una semana complicada para el gobierno de Pedro Castillo en Perú, quien el miércoles enfrenta una moción de censura en el Congreso. Antes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento, debatía y se aprestaba a votar en estas horas un informe final que recomienda archivar la denuncia constitucional contra la vicepresidenta y exministra Dina Boluarte.

Boluarte es quien ocuparía la presidencia si Castillo pierde la moción del miércoles. Pero la propia vice enfrenta acusaciones en su contra: un proceso para suspenderla del ejercicio de cargos públicos por haber seguido como presidenta de un club privado cuando era ministra.

El tercero en la sucesión presidencial sería el presidente del Congreso, José Williams, general en retiro del Ejército que milita en Avanza País, uno de los tres partidos de derecha que lideran la ofensiva desde el órgano legislativo.

Este lunes, la SAC debatía un informe final que recomienda archivar la denuncia constitucional contra Boluarte por haber realizado gestiones para el club privado cuando ya desempeñaba un cargo público. La denuncia busca su inhabilitación por 10 años en la función pública.

En la sesión de este lunes, el legislador oficialista Edgar Reymundo deberá sustentar los motivos y el análisis detrás de su recomendación para dejar caer la denuncia contra Boluarte.

Cuando el legislador oficialista fue designado delegado para elaborar el informe final se cuestionó su papel y se pidió su relevo, pero no prosperó.

Más allá de lo que ocurra con la vicepresidenta, Castillo enfrentará un nuevo intento de destitución el miércoles, en medio de rumores cruzados de intentos de golpe de Estado, todos sin pruebas, que agitaron el fin de semana en Perú.

Castillo, un profesor rural de izquierda sin partido político, tendrá que presentarse el miércoles ante el Congreso para defenderse en un proceso que pretende destituirlo por "incapacidad moral permanente".

El mandatario, de 53 años, intentó frustrar la sesión con el argumento de que la moción estaba "incompleta", pero el Congreso, controlado por tres partidos de derecha radical, rechazó esa actitud e insistió en la presentación, que antecederá a una votación que podría darse inmediatamente después.

Si 87 de los 130 congresistas votan por la vacancia, Castillo tendrá que dejarle su lugar a la vicepresidenta.

La palabra clave estará en los 37 congresistas que el año pasado fueron elegidos por el entonces partido de Castillo, el marxista leninista Perú Libre (PL), y que ahora están desperdigados en cuatro grupos, algunos de ellos críticos de la gestión gubernamental.

La prensa local habla de supuestas negociaciones entre Castillo y lo que fue su bancada e incluso señala que el mandatario está dispuesto a sacrificar, como pieza a cambio del apoyo, a su jefa de gabinete ministerial, Betssy Chávez, exmilitante de PL que no solo tiene fuertes disputas con la derecha, sino también con sus excompañeros.

El diario El Comercio de Lima se cuestiona este lunes en una columna si el debate del miércoles podría postergarse.

Consultados por El Comercio, los especialistas en temas parlamentarios Martín Cabrera y Alejandro Rospigliosi respondieron que no y que la acción del presidente (de presentar recursos contra su acusación) tendría la finalidad de obstaculizar y dilatar la labor de la representación nacional.