Incidentes se sucedieron en la noche del lunes 8 de noviembre en La Rioja, donde manifestantes incendiaron el portón de entrada a la residencia del gobernador, Ricardo Quintela. También prendieron fuego cubiertas y arrojaron basura y piedras.

Los los manifestantes, que, según fuentes del gobierno, serían simpatizantes de Brizuela Y Doria, protestaron por la falta de pago a empleados municipales que fueron incluidos recientemente dentro de la planta permanente por la jefa comunal. El reclamo se extendió desde el viernes 5 de noviembre y durante todo el fin de semana.

A la cabeza del reclamo estuvo la intendenta de la ciudad de La Rioja, Inés Brizuela y Doria. Con la funcionaria radical apartada para llevar a cabo parte de su agenda, manifestantes tomaron el control y subió la tensión del conflicto en el acampe.

Una vez arribaron al domicilio en el que se encuentra Quintela, procedieron a quemar el portón de ingreso de la calle Perito Moreno, casi avenida Ortiz de Ocampo. Tras el ataque, el domicilio quedó custodiado por el Cuerpo de Adiestramiento Policial Especial (CAPE).

Tras su designación, la CAPE trabaja con el único de objetivo de repeler un eventual intento de ingreso a la fuerza por parte de la ciudadanía. Efectivos de la Policía Montada vigilan también los alrededores del lugar, cuyas vías de acceso se encuentran cortadas.

De acuerdo a información relevada por Clarín, "el jefe de Bomberos resultó con una herida en el rostro y fue derivado al Hospital", mientras que "otros dos efectivos policiales fueron asistidos en el lugar". Se aclaró que luego del incidente, volvió la calma.

En este escenario, existen acusaciones cruzadas entre los dos referentes políticos previamente mencionados: de un lado apuntan a la intendenta de la capital provincial de efectuar los nombramientos sin tener claro si contaría con el dinero para pagar los salarios.

Mientras tanto, y por el otro lado, reclaman al gobierno riojano comandado por Quintela el dinero de coparticipación municipal para hacerle frente a los compromisos salariales que posee el Estado, que sería un total aproximado de 629 millones de pesos.

Sin embargo, la tensión, como fue antedicho, comenzó hace días atrás. El martes 2 de noviembre, Brizuela y Doria denunció que una patota intentó tomar la municipalidad y le apuntó al gobernador peronista Quintela por no enviar fuerzas de seguridad.

Dicho pedido de ayuda estuvo también dirigido al Gobierno nacional, comandado por el presidente Alberto Fernández, y al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, al asegurar que las fuerzas provinciales dejaron la sede municipal desamparada.

Después de su denuncia, Brizuela y Doria recibió numerosos mensajes de respaldo, en especial de dirigentes de la Unión Cívica Radical, su espacio político, y de todo Juntos por el Cambio. Uno de ellos fue el que le envió el expresidente Mauricio Macri.

“Una vez más el gobernador de La Rioja presionando a la intendenta Inés Brizuela y Doria con manejos mafiosos. Mi apoyo a la posición valiente que mantiene Inés. Hay que resistir a los matones y defender la democracia”, escribió Macri, en su cuenta de Twitter.

El domingo 7 de noviembre, la intendenta acusó a un grupo reducido de personas, que responderían al gobernador, de "bloquear la salida de camiones y vehículos del parque automotor, e impedir la prestación del servicio de recolección de residuos".

"La violencia institucional, la impunidad y el desamparo afectan a los 230.000 vecinos de la Ciudad de todos los Santos", escribió en referencia a la capital riojana. Poco después, encontró una vía alternativa para realizar la recolección de residuos.