El fiscal federal Diego Velasco se opuso a los pedidos de Cristina Kirchner y sus hijos para ser sobreseídos en los casos Hotesur y Los Sauces, en los que son investigados por lavado de dinero.

En un dictamen de 72 páginas dirigido a los jueces del Tribunal Oral Federal 5, Velasco consideró que los hechos bajo investigación deben ser juzgados en un juicio oral y público, y que todavía hay prueba pendiente en producción, que debe ser incorporada en la causa. Cuestionó el planteo formulado por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, al que se plegaron las defensas de los demás acusados en este proceso, entre quienes se encuentran Lázaro Báez, Fabián De Sousa, Cristóbal López y Osvaldo Sanfelice, entre otros.

Los abogados habían planteado que para juzgar un delito como el lavado de dinero se requiere que exista una condena por el delito precedente. Y señalaron que las denuncias y expedientes sobre la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez fuero cerradas o desestimadas en la justicia de Santa Cruz. Pero el considerado delito precedente de las maniobras de lavado, que la supuesta asociación ilícita mediante la cual se otorgaron contratos de obras públicas a Báez, está actualmente bajo investigación en la causa Vialidad, cuyo juicio oral se encuentra en curso.

Otro elemento del planteo formulado por Beraldi había sido, además, señalar que los negocios hoteleros de la familia Kirchner eran legales, y que los pagos recibidos por Los Sauces S.A de parte de las empresas de Báez, López y De Sousa estaban bancarizados y fueron efectuados mediante cheques o transferencias bancarias. “Este argumento deberá ser desestimado por VVEE por no importar hechos novedosos, relevantes o evidentes por si mismos que ameriten la aplicación de lo dispuesto en el articulado procesal invocado por la parte”, consideró Velasco al respecto.

El fiscal sostuvo, además, que todavía hay medidas de prueba en curso. “Varias medidas de prueba todavía se encuentran en curso –pericias contables, tasaciones, informes, etc.- e incluso algunas de ellas son retaceadas por ciertos organismos públicos provinciales –Municipalidad de Rio Gallegos y Calafate-, que no hacen más que confirmar su importancia, y su restricción en este momento afectaría gravemente los derechos de esta parte, privando incluso al sentenciante el abordaje íntegro del plexo probatorio”, dijo. Y cuestionó el carácter del planteo de los abogados, destinado a impedir la instancia del juicio oral y público.

“Sres. Jueces nos encontramos frente a una paradoja en la cual se pretende, so pretexto de un derecho falazmente invocado, volver a un proceso escrito convirtiendo a Jueces de Tribunal Oral en los derogados jueces de sentencia, retrotrayendo el proceso 30 años pero incluso con menos posibilidades de las que tenía ese Juez quién podía abrir a prueba”, cuestionó el fiscal.

El tribunal que debe resolver este planteo está integrado actualmente por los jueces Daniel Obligado, Adrián Grunberg y Adriana Paliotti. Grunberg es juez subrogante y solo seguirá en este tribunal hasta diciembre.

En abril de este año, el TOF 5, a cargo de estas causas, les devolvió a los Kirchner el control de los hoteles y otras 30 propiedades, y fue levantada la intervención judicial sobre esos bienes. Esa decisión la tomaron los jueces Obligado y Grunberg, mientras que Paliotti se pronunció en contra.

La Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en esta causa, ayer dio su respuesta al planteo de las defensas, y aunque no expresó una postura de manera directa a favor o en contra de la petición, se remitió a pronunciamientos anteriores del organismo y dijo que “toda maniobra de lavado de activos reconoce como paso previo un delito precedente sin el cual no resulta posible comprender acabadamente los hechos aquí investigados”.

De esta manera, con ese argumento que parece ser orientado a favorecer a la vicepresidenta y los demás acusados, la UIF le pidió al tribunal que resuelva. El organismo antilavado atraviesa una crisis tras la renuncia de sus autoridades, a la espera de que asuma el próximo presidente, el abogado Juan Carlos Otero.