El fallo adverso contra la Argentina que acaba de concretarse en Estados Unidos es el último capítulo de una de las novelas judiciales más sensibles de la historia argentina, que comenzó el 9 de abril de 2015.

A tal punto el embrollado es una consecuencia del atormentado pasado, que la jueza Loretta Preska, verduga de la Argentina en los determinantes tribunales de Manhattan, le dedicó un capítulo de su sentencia a aquellos. “[Axell] Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos”. El gobernador de la provincia de Buenos Aires es un actor principal de esta saga que está a punto de costarle al país US$16.000 millones.

Casi tres años después de la estatización de YPF, que había ocurrido en abril de 2012, el oportunismo de un estudio de abogados y las desprolijidades con las que el equipo de Kicillof había avanzado sobre la petrolera argentina le abrieron la puerta a Burford Capital Limited. Este megabufete presentó en la Corte de Distrito Sur de Nueva York una demanda contra la petrolera y el Estado por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores de sus acciones.

Burford se aprovechó de un error del kirchnerismo. La familia Eskenazi había llegado a YPF en 2008. Siete años después, Burford compró en España, para demandar al Estado Argentino, las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que los Eskenazi habían creado.

Los vehículos del litigio son incómodos para Cristina Kirchner. No solo debido a que la supuesta argentinización que favoreció Néstor Kirchner y ella misma a través de la familia de banqueros se hizo a través de empresas con domicilio extranjero. Son esas mismas compañías las que hoy se convirtieron en un caballo de Troya por el cual la Argentina debe pagar.

¿Cuál era la debilidad de la estatización que promovió el kirchnerismo? En 1993, en el marco de la privatización de YPF, el gobierno de Carlos Menem ofreció casi el 100% del capital de la empresa a través de acciones clase D y listó los ADR -el título bajo el cual se negocian los papeles extranjeros en los Estados Unidos- en la Bolsa de Nueva York.

En ese momento, tanto el país como la empresa se comprometieron a que cualquier otra adquisición posterior de una porción de control de la empresa obligaría a hacer una oferta por el total de las acciones. Esa salvedad figura no sólo en los documentos que YPF envió a la SEC (el regulador bursátil norteamericano), sino también en su viejo estatuto. Pero el kirchnerismo no lo consideró.

En las semanas previas a la estatización, el por aquel entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, notó el detalle que ahora condena al país y estudió alternativas para contemplarlo. Fue un trabajo inconducente. Según los cálculos de su equipo, aceptar esas condiciones hubiese implicado para la Argentina un desembolso enorme por toda la empresa, cuando el Gobierno solo quería el control.

Kicillof lo expresó en una presentación ante el Senado. “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a US$19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!”. Son algunas de las palabras que eligieron los demandantes para justificar su demanda. Y es el párrafo que Preska utilizó para someter al país a pagar una plata que hoy no tiene.

Burford estructuró toda su demanda, cuyo original tenía 30 carillas, en los daños que fueron provocados a ambas empresas de la familia local por no tomar en cuenta su estatuto. Es el mismo fondo que puso el dinero para que el grupo Marsans pudiera iniciar el juicio en el Ciadi para reclamar por una indemnización después de la estatización de Aerolíneas Argentinas, en julio de 2008. La Argentina debe pagar por esa cuenta unos US$320 millones.

La estatización de YPF fue el producto de una aceleración cuyos resultados se ven hoy a la vista. El 27 de diciembre de 2011 por la noche, Cristina Kirchner se reunió en Olivos con Sebastián Eskenazi, que era el CEO de YPF. La presidenta, que junto a su marido había favorecido la argentinización de la empresa, empezaba a escribir de esa manera el primer capítulo de la estatización.

La presidenta promulgó la Ley de expropiación y designó a Miguel Galuccio al frente de la petrolera el 4 de mayo de 2012.

La presidenta tenía los números de las importaciones de energía, que en 2011 habían alcanzado los US$ 9.400 millones, una cifra récord. Creía que una de las responsables era YPF. Compartía ese pensamiento el ascendente viceministro de Economía, Axel Kicillof.

Cristina Kirchner le exigió a Eskenazi que dejara de distribuir dividendos al exterior y comenzar a invertirlos en el país. Era algo inadmisible para el acuerdo que el empresario tenía con Repsol. Entre sus asesores estaba Alberto Fernández. Menos de cuatro meses después, la empresa pasó a manos del Estado.

Hoy, YPF vale US$10.810 millones según su valuación de mercado. El país necesitaría el equivalente a una empresa y media solo para pagar las consecuencias judiciales de haberse quedado con el 51% que ahora está en manos del Estado.