La confedereción que reúne sindicatos docentes de todo el país llamó a la huelga por la condena al extitular de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech), Santiago Goodman, que fue hallado culpable de incendio intencional a la Legislatura provincial. Hoy se conocerá la extensión de la pena y la sentencia será el 18 del mes en curso.

La medida de fuerza comenzó con alto acatamiento al menos en Buenos Aires, Tucumán, Mendoza y Chaco. Menor es, en el inicio de la jornada, el impacto de la huelga en provincias como Misiones, Santiago del Estero, o Córdoba. La mayor adhesión se espera en Chubut (origen de la protesta), provincia de Buenos Aires (donde el principal convocante es el Suteba, que dirige Roberto Baradel), Santa Fe (provincia en la que la referente gremial es Sonia Alesso, la titular de la Ctera), y la ciudad de Buenos Aires (con el gremio UTE, liderado por Angélica Graciano, de fuerte perfil opositor al gobierno porteño).

En provincia de Buenos Aires adhirieron al paro los dos gremios mayoritarios: Suteba y FEB. Se informó a LA NACION que el acatamiento es alto, sobre todo en el conurbano. Pero aún no hay cifras. En Partido de General Pueyrredón (cuya cabecera es Mar del Plata), y toda la zona de sudeste y centro de la provincia, la adhesión es muy alta.

En Santa Fe se combinaron varios reclamos. Una nueva semana de paros sacude al gobierno santafecino: hoy y mañana no se dictarán clases en ninguna de las escuelas –estatales o privadas-, tampoco abrieron las dependencias públicas atendidas por trabajadores de ATE, a los que mañana se sumarán los afiliados a UPCN, y solo funcionan las guardias mínimas en los hospitales y centros de salud ya que fueron suspendidas las cirugías programadas.

En el caso de los docentes, la medida alcanza a todos los gremios oficiales (Asociación del Magisterio de Santa Fe –Amsafe-, Sindicato de Docentes Particulares –Sadop- y Unión de Docentes Argentinos –UDA-).

El inicio del ciclo lectivo sufrió alteraciones. Debía iniciarse el 2 de marzo pero recién comenzó el 4 por el rechazo a la propuesta de aumento del 41,47% por ciento que ofreció el gobierno en paritaria, tema que se solucionó semanas después.

En Tucumán, la actividad en las aulas de los establecimientos públicos es prácticamente nula en todos los niveles debido al paro, que tiene un alto acatamiento. Adhirieron a la protesta el gremio mayoritario, la Asociación Tucumana de Educadores Provinciales (Atep) y la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt).

En Mendoza, los docentes se sumaron con fuerza a una marcha por las principales calles del microcentro provincial, como corolario de un paro por 72 horas que arrancó el lunes por un reclamo salarial. Así, con medida propia, se sumaron hoy a la protesta nacional convocada por Ctera. Las acciones son impulsadas por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), y apoyadas por los docentes privados, por lo que la huelga, al igual que el paro por 48 horas realizado a fines de julio, tiene mayor adhesión y acatamiento en las escuelas que en otras oportunidades. Así, las cinco jornadas de queja y resistencia en menos de un mes se han convertido en el principal desafío a la gestión radical del gobernador Rodolfo Suárez, quien dispuso otorgar un aumento del 44% por decreto, de enero a agosto. Esto fue rechazado por los maestros, quienes insisten en sentarse nuevamente en la mesa paritaria para actualizar los sueldos al ritmo real de la inflación.

El Frente Gremial Docente del Chaco se sumó al paro nacional de este miércoles. También Atech, Utre, Ctera y Sadop. La medida se concreta en todos los niveles y modalidades del sistema educativo sin asistencia a los lugares de trabajo. Se habla de un acatamiento alto, pero todavía sin porcentaje informado.

En Corrientes, la adhesión al paro en el primer turno se da en torno al 50 por ciento en algunas escuelas, aunque en un establecimiento de capital se registró una adhesión del 80 por ciento. Ante la ausencia de los docentes, en algunas escuelas, los alumnos que igual asistieron a clases fueron reacomodados en aulas y quedaron al cuidado de los maestros y maestras que sí asistieron. Más allá de esto, autoridades educativas consultadas informaron que muchos estudiantes decidieron faltar.

En Misiones y Santiago del Estero, según pudo saber LA NACION, el acatamiento es poco significativo. Desde UEPC Córdoba adhirieron al paro nacional, pero, en el turno mañana, el acatamiento es bajo. Hay movilización. El gremio local sumó sus propias exigencias para el gobierno de Juan Schiaretti: “Una propuesta salarial para el segundo semestre que contemple a las/os docentes activos y jubilados. Por otro lado, reclamamos el inmediato cumplimiento de los compromisos asumidos en las actas laborales con resoluciones para los distintos niveles y modalidades educativas”.

En San Juan, hay mucha puja entre los maestros autoconvocados y los gremios docentes. Los sindicatos adhieren, pero en las escuelas, a primera hora, el acatamiento era dispar. a las 17, los autoconvocados se movilizan. En San Luis, los gremios docentes suman al paro nacional reivindicaciones propias, como la protesta contra la intervención del Instituto de Formación Docente de Villa Mercedes y la oposición a la reforma del Estatuto Docente, que es un objetivo del gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

El caso que detonó la medida

En medio de una movilización en la capital provincial de Rawson y un paro nacional docente convocado por la Ctera, se conoció que la fiscalía pidió una pena de cinco años para el exdirigente sindical de Atech Santiago Goodman. Fue encontrado culpable por el delito de incendio intencional a la Legislatura de Chubut en setiembre de 2019, según el veredicto leído por la jueza María Tolomei. La sentencia se conocerá dentro de ocho días.

Por parte de la fiscalía, la fiscal Florencia Gómez había anticipado que solicitaría una pena de 5 años, y valorado que, en el fallo, “la jueza coincidió con la teoría, imputación y las pruebas de la Fiscalía en contra de Goodman”. Había testigos y filmaciones donde se analizaron los hechos en los cuales se lo imputó por el delito de “incendio intencional”.

En audiencias anteriores al pedido de la pena que se realizó hoy, la fiscal recordó que “cuando tuvo el derecho a declarar, Goodman se hizo cargo y reconoció que había hecho algo que no correspondía”. Y añadió: “En el alegato final, cuando solicité la culpabilidad de Goodman, manifesté que él mismo había reconocido que había realizado hechos que estaban prohibidos”.

Si bien Goodman sostuvo que actuó bajo amenaza, dijo Gómez que “no se había podido acreditar la existencia de la amenaza, pero no había ningún impedimento por el que podría haber reaccionado de otra manera y -sin embargo- no lo hizo”.

Por otra parte, la fiscal Gómez se había referido al reclamo de Ctera a nivel nacional tras conocer la condena de Goodman, y sostuvo: “Los gremios tienen derecho a la protesta, si consideran que esta situación los perjudicó. En el alegato final, le manifesté a la jueza que en ningún momento la Fiscalía cuestionó el derecho de todo ciudadano a realizar una protesta en relación a un hecho que necesita ejercer. Es un derecho constitucional. Pero no se podía pretender encubrir un delito penal con una protesta social”.

La protesta en la que Goodman contribuyó al incendio de la Legislatura se desarrolló tras la muerte en un accidente automovilístico de dos docentes que regresaban por la ruta 3 a Comodoro Rivadavia, después de participar de una protesta en Rawson. Las maestras fallecidas eran Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar.