El Gobierno prepara una nueva ley ómnibus mucho más acotada que la original de 630 artículos y la de casi 350 que Diputados aprobó a fines de enero antes de que el oficialismo decidiera reenviarla a comisión y a fojas cero. El nuevo texto que el oficialismo pretende aprobar -pero está dispuesto a discutir en el Congreso- tendrá poco menos de 200 artículos y el capítulo fiscal será tratado como un proyecto independiente e incluirá la reversión del Impuesto a las Ganancias y una nueva fórmula de cálculo jubilatorio.

Así lo informó el ministro del Interior Guillermo Francos después de encabezar una reunión tensa de casi 4 horas con el jefe de Gabinete Nicolás Posse y representantes de las 24 provincias que la Casa Rosada quiso proyectar como un primer paso hacia el Pacto de Mayo que convocó el Presidente.

A pesar de la asistencia perfecta de todos los distritos (cuatro gobernadores ausentes enviaron a sus vices) a la invitación oficial, Javier Milei no pisó este viernes Balcarce 50 y delegó la negociación con los mandatarios provinciales en Francos y Posse, que ocupó la cabecera de la larga mesa.

Los gobernadores se llevaron 2 páginas con el borrador de la reformulación del proyecto de la Ley Bases que todavía tiene estado parlamentario.

Según el borrador, la nueva Ley de Bases, que deberá ser aprobada en lo general otra vez, contaría con nueve capítulos. El primero es el de Reorganización Administrativa que incluye la delegación de facultades extraordinarias que reclamaba el Presidente y que lo habilitaría a eliminar, reorganizar, fusionar o descentralizar organismos del Estado creados por ley, una facultad que hoy tiene gracias al DNU. También habilitaría al Presidente a disolver los Fondos Fiduciarios creados por el Congreso sobre los que el Gobierno puso la lupa.

El segundo capítulo del proyecto es el referido al de privatizaciones de alrededor de 15 empresas públicas, veinte menos que las del listado original. Además, el Gobierno quiere reformar la ley de Procedimientos Administrativos y marcar nuevas pautas para el empleo público.

El quinto capítulo es uno de los más sensibles: la fórmula de actualización jubilatoria a partir de abril por inflación. Vastos sectores de la oposición reclaman una compensación para los primeros tres meses del año.

El proyecto oficial también establece un blanqueo laboral para promover el trabajo registrado y desregulación económica en el sector privado. También, como informó este diario se promueve la sanción de una nueva ley de hidrocarburos, de protección a las grandes inversiones (para promover biocombustibles) y al sector minero.

Según el documento que recibieron los gobernadores, el paquete fiscal que promueve el Gobierno incluirá un blanqueo y una moratoria, la modificación de los impuestos internos al tabaco y la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones familiares. También habrá modificaciones a las escalas del monotributo y un nuevo régimen de trasparencia fiscal.

Lo más importante de ese bloque es la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias que promovió Sergio Massa y acompañó el entonces diputado Milei, el único alivio que recibirían las provincias. En el Gobierno calculan que ese impuesto coparticipable para 2024 equivaldría a 1.4 puntos del PBI; que significaría US$ 6 mil millones a repartir según el coeficiente de cada distrito.

Según algunos de los gobernadores presentes, fue uno de los temas más espinosos de la reunión, porque divide a los mandatarios provinciales. Para algunos representa un monto equivalente a dos masas salariales de su planta estatal y en sus distritos casi no viven contribuyentes afectados. Otros no quieren pagar el costo político de reinstalar un impuesto que perjudica a los sectores medio-altos en un escenario de alta inflación y reclaman que el Gobierno se haga a cargo, porque se trata de un pedido del FMI.

Para discutir el paquete fiscal, el Gobierno anunció la creación de una comisión que presidirá el secretario de Hacienda Carlos Guberman junto a los ministros de Economía de todas las provincias. El ministro del Interior tendrá se hará cargo de una comisión política para avanzar hacia el Pacto de Mayo.

El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio, del PRO; y el tucumano y peronista disidente Osvaldo Jaldo acompañaron a Francos en la conferencia de prensa posterior. Ambos se mostraron alineados con el Gobierno.

En plena reunión el bonaerense Axel Kicillof exigió deudas de la Nación con la Provincia y la reinstalación de la obra pública que el Gobierno suspendió. Otros otrora críticos, como Alberto Weretilneck reiteraron su posición en contra de la reinstalación de Ganancias.

El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri no llevó su reclamo por la coparticipación que le adeuda la Nación a la Ciudad, pero volvió a respaldar al Ejecutivo. “Fue una buena reunión donde se escuchó a todos y el gobierno está proponiendo una ley bases similar a la anterior pero apoyada en los temas que ya tenía consenso”, dijo.

En privado, los gobernadores destacan que es necesario tener -antes que el apoyo de los gobernadores- el respaldo de los bloques, algo que no se hizo con el proyecto anterior. El Gobierno tomó nota, como marcó la presencia de los jefes de bloque de la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal en las últimas 48 horas.