La justicia de Chubut condenó al gremialista Santiago Goodman a 3 años de prisión en suspenso como coautor del delito y uno de los responsables del incendio del edificio de la Legislatura provincial, en el marco de los incidentes ocurridos el 18 de setiembre de 2019. Además, Goodman deberá acreditar un curso de derechos humanos o constitucionales de 30 años de duración y cumplir 50 horas de tareas no remuneradas en la biblioteca de la Legislatura.

Tolomei, en tanto, absolvió al gremialista, a Marcela Ancaleo y Mariana Castro de los incidentes ocurridos contra el edificio de Casa de Gobierno.

“Nada mas lejos de criminalizar la protesta. Los derechos deben ser ejercidos dentro de las normas constitucionales y las leyes. Toda la jurisprudencia asegura que toda protesta sea realizados de manera pacífica”, aseguró la jueza María Tolomei durante la lectura del fallo. Agregó que “las organizaciones están obligadas a respetar” las normas en el marco de las movilizaciones y reuniones sindicales.

Consideró, en la jurisprudencia citada, que el “derecho de reunión” tiene elementos comunes “cuando es pacífica, va detrás del interés común” y no se vulneran las libertades de los demás. Agregó que “la protesta social es un instrumento que permite a la sociedad civil avanzar a un mejor equilibrio de los derechos individuales y colectivos. Pero se requiere que sea pacífica y sin armas, y que no vulnere derechos”.

En los argumentos, Tolomei consideró que Goodman participó de manera consciente de la protesta que provocó los destrozos en el edificio legislativo en la capital provincial. Hubo, además, intención de “mantener un liderazgo” en la manifestación.

Sostuvo que las palabras de Goodman (durante el juicio) son una confesión, en donde admite que resolvió hacer lo que en un principio había decidido no ejecutar. Tuvo tiempo para la reflexión. Pero el acusado llevó los materiales para alimentar el fuego, provocando peligro de modo conjunto con otras personas”.

La protesta que se desarrollaba de manera pacífica en setiembre de 2019 en Rawson, se convirtió en “expresión violenta, por uso del fuego y la destrucción de bienes públicos y privados. La institucionalidad debe ser preservada y el reclamo no hace admisible atacar bienes públicos”. Agregó que “la anarquía no permite la convivencia. No es opinión mía. Surge del sistema de normas que nos rige. La falta de respuesta de los responsables, la injusticia, habilitan la creación de un peligro para las personas y bienes? Claramente no”.

Tolomei repasó en la lectura de la sentencia los hechos ocurridos en el marco de la movilización de empleados estatales, que protestaban en 2019 contra el gobierno de Mariano Arcioni por el pago escalonado de sueldos. Según relató, de acuerdo a la elevación a juicio los manifestantes realizaron pintadas, ingresaron por la fuerza a la Legislatura e iniciaron dos focos ígneos “que fueron avivados por los manifestantes, provocando un incendio que puso en peligro el edificio, las plazas públicas adyacentes y las personas que se encontraban en el interior que se vieron afectados por la inhalación de humo”.

En los incidentes, y según la fiscalía, “se identificó el vehículo de Goodman” que trasladó en el acampe que se realizaba afuera de Casa de Gobierno varios pallets “que fueron usados luego para avivar el fuego”. Agregó que “una vez iniciados los hechos violentos, realiza traslados para sumar cubiertas que son usadas para avivar el fuego, provocando que el mismo tenga mas volumen. Incluso aporta dos cubiertas a los dos focos ígneos”.

En el sentencia, que fue seguida desde el exterior de la oficina judicial por manifestantes que defendieron a Goodman, la jueza repasó el ataque a la Legislatura y a la Casa de Gobierno de Chubut, en donde se generó “un incendio de similares características. Esto afectó los servicios, la salud de las personas que estaban en el interior y la estructura. Parte de los intervinientes ingresaron y provocaron mayores daños y usaron documentación para avivar el fuego”.

Tolomei consideró como agravante que Goodman sea referente de un gremio docente, lo que exige que “sea un referente y ejemplo para otros. Es un maestro bibliotecario. Tiene herramientas y un bagaje de lectura. Es una persona formada, con experiencia”.

Sin embargo, puso énfasis en un contexto de protestas y amenazas que rodearon a los destrozos como atenuantes en la pena.

La audiencia había sido fijada para el jueves 18, pero la jueza Tolomei la adelantó para este mediodía. Sobre el exsecretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) pesaba un pedido de condena de 5 años de prisión: en la última audiencia del miércoles pasado, la fiscal Florencia Gómez pidió la cárcel para Goodman de cumplimiento efectivo, mientras que el abogado defensor solicitó la mínima, que es excarcelable.

La jueza repasó el contexto de la protesta que terminó con los destrozos en 2019: el retraso en la demora de haberes y el accidente en el que murieron dos docentes, Jorgelina y María Cristina, que volvían en un vehículo a Comodoro tras participar de las protestas. De las declaraciones se desprendió que “esto provocó consternación y empezó a llegar mas gente a Rawson”, relató la jueza.

“El enfado se convirtió en furia y descontrol” y, según las cámaras, comenzaron los primeros focos ígneos en la Legislatura. “Había ocho policías dentro de la Legislatura que podían ser vistos desde el exterior. Mas tarde también estuvo el segundo jefe de la Policía. Pero se prendía un segundo foco ígneo con pallets y neumáticos. El fuego fue adquiriendo dimensiones y alanzó los tres metros de altura y cayó la mampostería”.

Goodman “fue una de las personas que trasladó las cubiertas” usando “el vehículo Kangoo blanco del propio gremio”.

La “confesión” de Goodman
Tolomei repasó el relato de los testigos, entre los que sumó a policías, bomberos y periodistas que estuvieron la noche de los incidentes. Los mismos demostraron que el fuego provocó el deterioro del edificio además de la caída de la mampostería, y que “se hacía difícil respirar” mientras duró la protesta y en los dos días posteriores.

“Los aspectos sustanciales de los hechos han sido aceptados por los imputados. Goodman expresó que cuando se enteró del fallecimiento de las docentes, el dolor se transformó en mucha bronca y en la sensación de que las cosas no podían quedar así”, recordó la jueza en su exposición.

Tolomei repasó la declaración del gremialista, que relató el diálogo con los diputados provinciales y los hechos ocurridos tras la muerte de las dos docentes en la ruta y en los minutos previos al ingreso a la Legislatura por parte del grupo de manifestantes. El “reconocimiento liso y llano de Goodman de haber buscado cubiertas para alimentar el fuego fue corroborada por testigos”, sostuvo la jueza, quien referenció también videos aportados en el expediente y expuestos en el juicio.

Agregó que “las palabras de Goodman son una confesión, en donde admite que resolvió hacer lo que en un principio había decidido no ejecutar. Tuvo tiempo para la reflexión. Pero el acusado llevó los materiales para alimentar el fuego, provocando peligro de modo conjunto con otras personas”.

Consideró que Goodman sabía que estaba alimentando “un gran foco ígneo” y tenía claro “que podía expandirse”. Era además “el secretario general de la ATECh, con experiencia en marchas y movilizaciones”.

Tolomei dijo que, contrariamente a lo planteado el defensor, la participación de Goodman en los incidentes “no es menor. Puso en riesgo la salud de las personas que estaban allí y al propio edificio. Es claro el riesgo para quienes estaban en el interior de la Legislatura tratando de cuidar el edificio”.