Cinco días después del golpe que desestabilizó al país, el clima social seguía este domingo revuelto de extremo a extremo en Perú. Y justo cuando la flamante presidenta, Dina Boluarte, quiere poner paños fríos, su antecesor volvió a patear el tablero, con la denuncia desde el calabozo donde se encuentra de un “plan maquiavélico”.

A través de una carta publicada por el congresista Guillermo Bermejo, Castillo dijo que varias personas lo “obligaron a sacarse una muestra” de sangre el viernes y que lo volvieron a hacer el sábado.

“En la tarde de ayer un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento, igualmente el día de hoy, volvieron con lo mismo por haberme negado, por seguridad y mi integridad”, denunció el dirigente recluso.

El viernes se había hecho público que un equipo médico lo visitaría para tomarle muestras y hacer una prueba toxicológica. Y según la versión del doctor Francisco Brizuela, presidente del Instituto de Medicina Legal, nadie forzó a Castillo a hacerse el examen, hubiera o no hubiera un fiscal sin rostro.

La denuncia de Castillo es al menos curiosa porque las medidas ordenadas respondían a la sugerencia, de parte de su entorno, de que el expresidente no estaba en sus cabales cuando leyó el discurso. Según esta teoría, Castillo sería entonces inimputable. Una explicación posible es que, en caso de dar negativo el estudio, se desarmaba la coartada.

El testimonio de Castillo aroja algo más de luz sobre los entretelones de la decisión del golpe. En su carta dice que no descarta que la fiscal general, Patricia Benavides, el Congreso de la República (en pleno) y la presidenta Boluarte estén dirigiendo “este plan maquiavélico”, sin dar mayores explicaciones.

Mientras Castillo contaba su propia versión de Atrapado sin salida, el clásico donde Jack Nicholson se enfrenta en un centro psiquiátrico a la malvada jefa de guardia, Boluarte tenía sus propios asuntos que resolver. Luego de designar, el sábado, un gabinete técnico que fuera aceptable para todo el arco político, la emergencia social la viene corriendo con una velocidad que no esperaba.

Ella misma debió cambiar de discurso, en dos días, al pasar de declararse presidenta “hasta el 2026″, es decir, hasta el final del período presidencial en curso, a mostrarse proclive a adelantar las elecciones, una capitulación en un clima de malestar con la dirigencia política.

Las protestas van de norte a sur. No confían en Boluarte y quieren “que se vayan todos”, la conocida expresión que trasciende fronteras. Miles de personas se movilizan por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno. Gremios agrarios y organizaciones campesinas anunciaron un “paro indefinido”.

Los manifestantes hicieron de la ciudad de Andahuaylas una zona de combate. Atacaron edificios públicos, prendieron fogatas y chocaron con la policía. Los más bravos tomaron policías de rehenes. A uno le ataron el mástil de una bandera y lo subieron a una especie de promontorio para que todos los manifestantes pudieran verlo, desvalido. Los violentos prendieron fuego dos almacenes del aeropuerto, que las autoridades debieron cerrar debido al tumulto.

“Hacemos un llamado a la calma ante los hechos que se vienen registrando en Andahuaylas”, dijo la Policía Nacional en un comunicado. “Pedimos a la población que hace uso de su derecho a protestar. Rechazamos cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad del ser humano”.

Fuera de esos excesos hay una gran cantidad de protestas pacíficas, aunque a veces con muy poco cambian las cosas, y pasan de la calma a la bronca o viceversa en un segundo. Incluso se habla de “treguas” en los cortes y marchas.

Las manifestaciones en Lima comenzaron el día del recambio presidencial. Vienen pidiendo, como en las otras zonas, una renovación del elenco político, un reseteo parlamentario en el que esperan estar mejor representados.

“Hay partes del país donde ni siquiera llegan los congresistas, no cumplen lo que prometen. En la selva, en la sierra, en la costa lo estamos pasando mal. Hay niños que se mueren de hambre, colegios sin sillas ni carpetas. No llega nada, y si llega, de los 20 que prometen llegan diez. Lo demás se lo quedan ellos”, dice Teresa, una manifestante limeña de 36 años con una bandera de Perú que le cae sobre la espalda.

Teresa está desde temprano en la Plaza San Martín, la base de las protestas en la capital, y al pie de la estatua del prócer. “Estamos cansados, estamos hartos, ahora es el momento, tenemos que estar juntos”, insiste.

Una mujer que la dobla en edad, Antonia, de 70 años, venida de la provincia de Ayacucho, pide contar su visión de las cosas. Una visión desgarradora que ruega repetidamente, con la voz entrecortada, se difunda: “Nos pisotean, nos humillan, hacen lo que se les da la gana. No nos dan trabajo, no nos pagan como debe ser. Son unos corruptos, apoyan solo a la gente de poder, a nosotros no”.