Miles de radicales seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro invadieron este domingo las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo, en Brasilia, exigiendo una intervención militar para echar a Luiz Inácio Lula da Silva del poder, que tomó posesión hace exactamente una semana.

Los manifestantes llegaron al corazón del poder en la capital de Brasil desde el Cuartel General del Ejército, ubicado a nueve kilómetros en línea recta, donde están acampados desde que Bolsonaro perdió las elecciones hace dos meses. Los bolsonaristas superaron las barreras policiales para asaltar las sedes del legislativo y del Poder Judicial. También intentaron asaltar la presidencia.

Los extremistas, en su mayoría con camisetas amarillas y verdes y banderas de Brasil, se niegan a aceptar la victoria de Lula en las elecciones del pasado octubre. El asalto de Brasilia supone un grave desafío para el nuevo presidente, el izquierdista Lula da Silva. A las cinco de la tarde (hora local), la policía ha recuperado el control de la sede del Tribunal Supremo, pero los manifestantes seguían en las Cámaras del Congreso y en el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia.

Cómo gestionar las protestas golpistas frente a los cuarteles ha sido uno de los quebraderos de cabeza a los que se ha enfrentado Lula desde que asumió la Presidencia. Su nuevo ministro de Justicia, Flavio Dino, era desde el principio partidario de recurrir a la fuerza si los manifestantes no se dispersaban mientras el titular de Defensa, José Múcio, abogaba por evitar la confrontación a toda costa.

Lula tenía previsto visitar esta tarde Araraquara, una ciudad del interior del Estado de São Paulo afectada por las intensas lluvias de los últimos días.

El ministro de Justicia ha enviado un tuit en el que dice: “Este absurdo intento de imponer la voluntad por la fuerza no prevalecerá. El Gobierno del Distrito Federal asegura que habrá refuerzos. Y las fuerzas a nuestra disposición están trabajando. Estoy en la sede del Ministerio de Justicia”. Varios gobernadores también han condenado los actos antidemocráticos protagonizados por los elementos más extremistas del bolsonarismo.

Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça.

El asalto de Brasilia recuerda al perpetrado en el Capitolio de Estados Unidos hace dos años con la diferencia de que el Congreso brasileño no está en sesión, solo retomará sus actividades en febrero. El derrotado Bolsonaro está en Estados Unidos, en Orlando, Florida, a donde viajó dos días antes de la toma de posesión de Lula para evitar darle el solemne revelo y colocarle la banda presidencial.

El área donde se concentran las sedes de los Tres Poderes había sido acordonada por las autoridades pero los manifestantes han logrado superar esas barreras y han entrado en los tres edificios. Las imágenes de redes sociales y de las televisiones les muestran dentro de los inmuebles. Los golpistas han llegado hasta la planta del Palacio de Plananto donde despachan los presidentes de la República. Y algunos de ellos se han enfrentado a la policía legislativa con palos.

Se da la circunstancia de que el secretario estatal de Seguridad del Distrito Federal, donde se ubica Brasilia, es el antiguo ministro de Justicia de Bolsonaro, el policía Anderson Torres, que se encuentra en este momento de viaje en Estados Unidos, según la prensa brasileña. El gobernador del DF, Ibaneis Rocha, que es un aliado de Bolsonaro, ha anunciado tras el asalto la destitución de Torres.

Miles de partidarios del expresidente de extrema derecha llevan dos meses acampados frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, y en otras ciudades desde el día siguiente de las elecciones, que están convencidos que le robaron a su líder Bolsonaro. El resultado de los comicios fue el más reñido de la historia brasileña, Lula venció con un 50,9% de los votos frente al 49,1% de Bolsonaro (dos millones de diferencia, 1,8 puntos).

Los campamentos, que surgieron en infinidad de ciudades han ido languideciendo y mermando pero aún siguen en pie en las principales ciudades. Las autoridades lograron desmontar este viernes el primer de ellos, el de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, el tercer estado más poblado.

El sábado, el nuevo ministro de Justicia, Flávio Dino, autorizó la actuación de la Fuerza Nacional de Seguridad, un grupo de élite de los cuerpos de Policía de todo el país, que se moviliza para misiones especiales.