El presidente, Alberto Fernández, declaró hoy como testigo y defendió a la vice, Cristina Kirchner, de las acusaciones de corrupción que enfrenta en el marco de la causa “Vialidad, por la obra pública en la Patagonia. Habló como exjefe de Gabinete entre 2003 y 2008, parte del período en que se produjeron los presuntos delitos investigados: un desvío discrecional de fondos de obra pública a favor de Lázaro Báez, un empresario ligado al kirchnerismo que en pocos años pasó de ser un ignoto cajero de banco a multimillonario.

Báez cumple en la cárcel una condena de 12 años por lavado de dinero. En marzo de 2021, la justicia argentina lo encontró culpable de blanquear activos por 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando su nombre figuraba entre los contratistas del Estado preferidos por el kirchnerismo. Báez era en aquel tiempo dueño de Austral Construcción, una empresa con sede en Santa Cruz, la provincia patagónica que fue bastión político de los Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner es ahora investigada en una causa paralela por supuestamente beneficiar a Báez con contratos millonarios a cambio de sobornos. Las acusaciones se basan en una auditoría encargada por el Gobierno de Mauricio Macri, referidas a 51 obras públicas de seguridad vial. Austral se encargó del 82% de las licitaciones en Santa Cruz durante la Presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y percibió en total más de 4.000 millones de pesos (equivalente a unos 300 millones de dólares al cambio monetario de 2015, cuando Cristina Kirchner entregó el poder a Macri).

La defensa de Cristina Kirchner pidió que declarasen todos sus exjefes de Gabinete para que explicasen al juez cómo se resuelve el reparto de fondos para obras de infraestructura. Alberto Fernández estaba entonces alejado de Kirchner y la criticaba con crudeza en los canales de televisión. Luego se amigaron, Fernández fue candidato y ganó la presidencia. Las idas y vueltas de la política argentina terminaron en un hecho sin precedentes: un presidente en funciones declaró como testigo presencial a pedido de su vicepresidenta.

Fernández llegó a los tribunales federales antes de las 10 de la mañana. Contestó una a una las preguntas del juez y discutió con el fiscal, responsable de la acusación. Dijo que al empresario Báez lo había visto una sola vez en su vida “en el parque de la casa de [el expresidente] Néstor Kirchner”. Aclaró que no hay una norma que diga cómo deben repartirse los fondos nacionales para obras de infraestructura en las provincias, pero negó que se trate de una decisión arbitraria del presidente.

“Lo que están discutiendo son decisiones políticas no judiciables, y esas decisiones presupuestarias de ningún modo pueden ser arbitrarias”, dijo. Explicó entonces que el presidente, cualquiera sea, no está al tanto de los contratos, sino apenas de una versión general del presupuesto. “No se tiene en cuenta cómo funciona la aprobación de un presupuesto, no es decisión de un presidente decidir dónde se gasta la plata. Eso va al Congreso y se genera un debate enorme dentro del Congreso, porque cada diputado y senador pelea para llevar recursos a sus provincias”, dijo Fernández. “Definitivamente, no”, respondió cuando el abogado de la defensa le preguntó si Cristina Kirchner integraba una asociación ilícita para favorecer a Báez, como sostiene la querella.

Cuando Cristina Kirchner se convirtió en vicepresidenta en diciembre de 2019 enfrentaba 10 investigaciones por presunta corrupción. Desde entonces, las causas cayeron una a una, ya sea por falta de pruebas, ausencia de delito o problemas de procedimiento. Solo el expediente de la obra pública sigue en pie. El 21 de mayo de 2019 iniciaron las audiencias presenciales y Cristina Kirchner se sentó en el banquillo. El país estaba en pleno proceso electoral y el kirchnerismo acusaba a Macri de presionar en los tribunales para sacarla de la carrera política. El juicio siguió su curso y está ahora en la etapa final de la ronda de testigos. Restan los alegatos de los abogados y el veredicto. La sentencia final no tiene fecha.